Los argentinos vivimos momentos de zozobra e incertidumbre, y los entrerrianos no escapamos a esta realidad. Si bien en el escenario internacional se dan una serie de factores que impactan necesariamente en la economía; muchos otros son producto de desaciertos y omisiones de más de dos años del gobierno nacional, y de una inercia y parálisis del gobierno provincial. Frente a la disparada de precios, fundamentalmente de los bienes que integran la canasta básica, que insume la casi totalidad de los ingresos de los sectores más vulnerables (asalariados y jubilados); el Presidente Fernández, con el apoyo de varios gobernadores, incluido Bordet, anuncia pomposamente: “la declaración de guerra contra la inflación”. Tan impactante título carece totalmente de contenido y se limita a la aplicación de recetas tan viejas como probadamente ineficaces y con efecto contrario. Algunas rémoras del gobierno de Perón hacia 1952 (agio y especulación) como el control de precios, precios cuidados, precios máximos y cuanta medida restrictiva de la libertad de comerciar ande dando vueltas. A estos desaguisados agrega como “estrategia” el aumento de los impuestos (derechos de exportación) y la creación de otros nuevos. Así, para contener el aumento del precio de la harina de trigo “inventan” lo que llaman un fideicomiso, que no es más que un subsidio a los molineros para que vendan harina barata para el pan y los fideos. Ahora bien: ¿de dónde saldrán los fondos para este subsidio? Y no se les ocurre otra cosa que aumentar las retenciones a las harinas y aceites de soja al máximo que tienen “autorizado”, como así también a los biocombustibles, que vergonzosamente el Ministro se entera al momento del anuncio.

La carencia manifiesta de un plan económico, hace que no tomen medida alguna contra las causas reales de la inflación descontrolada. Cualquier economista, o argentino con sentido común, advierte que la inflación es producto fundamentalmente de la emisión monetaria descontrolada, del aumento del gasto público y la creación voluminosa de nuevos organismos del Estado con altos sueldos. Nada de ello están dispuestos a modificar; incluso uno de los sectores del partido de gobierno pretende seguir aumentando el gasto y ya lo expresaron con el voto de sus diputados y senadores contra el acuerdo con el FMI. Mientras tanto, el sector que responde al Presidente Fernández, decide – en contra de lo afirmado hace pocos días con enfáticas declaraciones por el Ministro Domínguez- seguir aumentado retenciones. Esto, en una recurrente actitud de confrontación contra el sector productivo más dinámico de la economía argentina, que es la cadena del complejo agro productivo/ industrializador/exportador. En los últimos tres años: en 2020 subió las retenciones a la soja al 33%, anunció la expropiación de Vicentín y cerró la exportación de maíz;  en 2021: cerró las exportaciones de carne; y ahora en 2022 creó el ya comentado fideicomiso del trigo, para ponerle el “broche de oro” con el cierre de las exportaciones y aumento de retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja.  Queda  claro que  no se ha tomado ninguna medida efectiva para controlar la inflación, pero lo más grave es que se desaprovecha una oportunidad histórica en el escenario internacional,  de salir al mundo con nuestros productos de la cadena agroalimentaria, lo que para nuestro país significaría un ingreso de divisas importantísimo, por el volumen que tenemos de capacidad de exportar y la suba exponencial de los precios internacionales.   

          Por añadidura,  las medidas anunciadas resultan ser ilegales. En principio debemos decir que: “…, las retenciones son tributos y que, de acuerdo a los artículos 4°, 17 y 52 de la Constitución Nacional, sólo el Congreso de la Nación puede crearlos”. (fallo CSJN Camaronera Patagónica c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo del 15/04/2014).  En consecuencia: todo intento de subir retenciones o crear otras nuevas es absolutamente inconstitucional, salvo que lo autorice una ley votada por ambas cámaras del Congreso Nacional. En este sentido, la famosa Ley de Solidaridad  Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, publicada en el Boletín Oficial el 23/12/2019, apenas iniciada la gestión del actual Gobierno Nacional,  fija  (en el marco de delegación de facultades del Congreso a favor del Poder Ejecutivo) topes a las alícuotas de las retenciones 33% soja, 15% para trigo y maíz y 5% productos agroindustriales de las economías regionales. Esta delegación de facultades, por imperio de la propia ley (art.52 último párrafo) venció el 31/12/2021. Al haberse rechazado por el voto mayoritario de Juntos por el Cambio el proyecto de Ley de Presupuesto 2022, que prorrogaba las citadas facultades del Poder Ejecutivo. Es así que sólo puede haber aumento  o creación de nuevas retenciones por una nueva ley del Congreso Nacional.

Este nuevo aumento de las alícuotas de las retenciones a las harinas y aceite de soja, y la amenaza de subir las de trigo y maíz, resultan carentes de validez por  violar la Constitución Nacional. Además resulta violatorio del texto de la propia Ley N°27.541 (art. 53) que establece: que la modificación de las alícuotas deberá ser informada por el Poder Ejecutivo a una Comisión de miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario, para que se expidan al respecto. Nada de esto ha ocurrido. Significa sencillamente que: “El Gobierno Nacional ha fracasado nuevamente en sus estrategias en “la declaración de guerra contra la inflación. “

Marzo 22 de 2022.

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