La degradación de la calidad institucional encuentra un nuevo hito en la pretensión del oficialismo de modificar las reglas de juego electorales ante la inminencia de la apertura del proceso de renovación de autoridades provinciales y locales conforme la legislación vigente.

La adicción por la especulación de unos pocos en detrimento del interés general, la pérdida de oportunidades para el desarrollo y la debilitación constante de las instituciones constituyen, sin duda alguna, los umbrales que anteceden a la decadencia entrerriana de las últimas dos décadas.

Ahora y luego de reiterados e incumplidos anuncios ante la Asamblea Legislativa de propiciar una reforma política, hoy concluyendo las dos últimas gestiones a su cargo -de los veinte años consecutivos de gobiernos peronistas en Entre Ríos- el gobernador interrumpe el “modo siesta” para avanzar en iniciativas que en nada apuntan a mitigar la realidad de atraso, pobreza y subdesarrollo en que sumieron a la provincia.

Así, se impulsó la modificación de la integración del Consejo de Magistratura con la sola búsqueda de asegurar el control de dicho organismo, en esta ocasión se pretende cambiar las reglas de juego teniendo en miras solo un interés sectario, más allá de los argumentos -insinceros- que se aleguen como justificación.  En efecto, nadie puede admitir que la manipulación de fechas y reglas electorales tengan como motivación pensar en el interés de la sociedad, en la situación actual de crisis que profundizaron o en los pobres que multiplicaron.